(CNN)– 59 asambleístas respaldaron este jueves con sus firmas el pedido de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por una presunta participación en el delito de extorsión dentro de una supuesta “estructura de corrupción” dentro del Gobierno, que investiga la Fiscalía General. desde enero.

El pedido de juicio político promovido por el movimiento correísta Unión por la Esperanza (UNES) recibió el apoyo de representantes de otras agrupaciones políticas como el Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID) y Pachacutik (PK), fue entregado a la Secretario de la Asamblea. Posteriormente, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) convocó a sesión para este viernes para revisar si la solicitud cumple con los requisitos y formalidades que exige la ley y determinar si el trámite puede continuar. Se requieren al menos 46 firmas para la presentación de una solicitud formal y el inicio de un proceso por la vía ordinaria.

“El Presidente de la República tiene responsabilidad política por la comisión del delito de conmoción cerebral en los términos de un juicio político”, especifica el documento firmado por los asambleístas.

Los legisladores solicitan la censura y destitución de Lasso por presuntamente obtener beneficios propios y de terceros en el “Caso Encuentro” relacionado con una trama de corrupción que la Fiscalía investiga en al menos cuatro empresas estatales. La investigación incluye presuntas vinculaciones entre funcionarios, exfuncionarios y particulares en el otorgamiento de cargos y contratos con empresas de manera irregular.

El presidente Guillermo Lasso ha negado las acusaciones en varias ocasiones, ha subrayado que no hay ningún entramado de corrupción en su gobierno y ha insistido en que hay instituciones estatales preocupadas por «derrocar al gobierno».

Luego de que los asambleístas oficializaran este jueves la solicitud de juicio político, el gobierno de Lasso reaccionó a través de un comunicado en el que rechazó “categóricamente” su solicitud. Según el Poder Ejecutivo, la solicitud no es un acto de inspección, sino un intento de desestabilización.

“Esta demanda carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso contra el presidente, con el único objetivo de atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia misma”, señala la solicitud.

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) analizará la noche de este viernes si la solicitud cumple con los requisitos y de ser así, remitirá la solicitud a la Corte Constitucional para que emita su dictamen de admisibilidad y determine si procede o no el juicio.

Si la Corte dicta sentencia en contrario, la intención de los legisladores queda archivada. Pero si admite la acusación, el presidente de la Asamblea deberá ponerla nuevamente a consideración de la CAL, que a su vez la remitirá a la Comisión de Vigilancia de la Asamblea para su trámite. La comisión tendrá 30 días para presentar su informe recomendando o no el juicio político.

Si la comisión sugiere juicio político, el informe va al pleno para el juicio político al presidente, quien tendrá su espacio para defenderse y ser recusado.

Si los legisladores deciden votar por su censura y destitución, necesitarán una mayoría calificada de 92 votos, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.