Los bufetes de abogados y los financiadores de litigios están compitiendo para aprovechar el aumento de los procedimientos de recurso colectivo que se espera que genere la nueva legislación de la UE sobre litigios colectivos.

Adoptada a raíz del escándalo de las emisiones de Dieselgate, la directiva de acciones representativas de la UE requiere que los 27 países de la UE establezcan un marco legal que permita a las entidades sin fines de lucro, como las organizaciones de consumidores, presentar acciones colectivas transfronterizas en situaciones de daños masivos, mientras que los países que aún no cuentan con un procedimiento de litigación grupal en sus leyes nacionales, deberán introducir al menos uno.