(CNN Español) –– En conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Colegio de Periodistas de El Salvador presentó este martes un informe que establece «una descripción de las diferentes restricciones al ejercicio del periodismo» en el país en 2021, y «su comparación con las de 2019 y 2020”.

El documento de la asociación concluye que en El Salvador el ejercicio periodístico es considerado de alto riesgo. También que en 2021 las agresiones y amenazas vienen de agentes del Estado, que el gobierno no ha creado un mecanismo para proteger a los periodistas, que el acceso a la información pública es cada vez menor y que ha habido un retroceso en materia de libertad de expresión.

Resalta que durante el gobierno del presidente Nayib Bukele “se ha observado una campaña dirigida desde la presidencia de constante descalificación y estigmatización, principalmente contra periodistas independientes, medios con líneas editoriales críticas, o medios que revelan investigaciones sobre abusos de autoridad, nepotismo , mala gestión del estado de emergencia, corrupción, entre otros temas de alto interés público.

Y señala que “el ambiente hostil para el trabajo de la prensa, que sería fomentado en gran parte desde las esferas gubernamentales”, se ha recrudecido durante la pandemia de la covid-19. “Las agresiones físicas, las amenazas e intimidaciones, y el entorpecimiento de las labores de información se vuelven preocupantes”, se lee en el informe.

Desde que asumió la presidencia en junio de 2019, Bukele ha sido crítico con la prensa independiente y etiqueta a los periodistas como activistas políticos durante ruedas de prensa o en sus redes sociales.

CNN solicitó comentarios sobre este informe al gobierno a través del Ministerio de Comunicaciones, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

El documento recoge testimonios y documentos de numerosos periodistas. También repasa la situación de este comercio en ese país durante varios gobiernos, desde 2004 hasta el actual con Nayib Bukele. Gran parte de la información se concentra en el año 2021, recopilando lo denunciado por organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hace especial énfasis en la reforma a la Ley Contra los Delitos Informáticos y Conexos aprobada por la Asamblea Legislativa a fines del año pasado y que incluye penas con penas de prisión por hechos como obtención de información confidencial, suplantación de identidad y estafa.

El trabajo surge del Proyecto “Por la libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El Salvador” que, según indicó, fue financiado por la Unión Europea y ejecutado por la asociación entre la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asamblea de Cooperación para la Paz (ACPP) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).