(CNN Español) –– El juez federal argentino Federico Villena rechazó la solicitud de la firma de abogados Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi para actuar como representante legal del gobierno del cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro, así como de la empresa Emtrasur, en el caso del avión venezolano. incautados en el aeropuerto de Ezeiza, según la decisión a la que tuvo acceso CNN.
El escrito señala que “ni la República Bolivariana de Venezuela ni la empresa Emtrasur son parte en estas acciones”.
CNN contactó al bufete de abogados de Palmeiro y Rusconi para conocer su reacción, pero aseguran que por el momento no comentarán sobre el caso.
CNN también contactó al gobierno de Maduro y hasta el momento no ha recibido respuesta.
El Gobierno de Venezuela había comparecido la semana pasada ante la Justicia argentina para oponerse formalmente al decomiso del cargamento Boeing 747, perteneciente a la estatal Emtrasur, que ordenó la jueza Villena la semana pasada a pedido de un tribunal de Estados Unidos, según el fallo. obtenido por CNN.
Palmeiro, socio de la firma Rusconi, actúa en virtud de un poder que le confirió el presidente de Emtrasur en Venezuela y el fiscal general de ese país, Reinaldo Muñoz. Según la solicitud firmada por el abogado, la retención de la aeronave “representaría una injerencia arbitraria en los bienes públicos de la República Bolivariana de Venezuela y en los derechos que atañen a su soberanía”.
Esa fue la primera manifestación formal del gobierno de Nicolás Maduro ante la Justicia argentina para intentar revertir la decisión judicial que provocó el enojo del oficialismo venezolano.
Rusconi visitó Venezuela este mes y sostuvo una reunión con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Carlos Faría para asesorar al gobierno de Maduro sobre el caso del avión de carga, dijo a CNN una fuente del gobierno argentino y otra cercana a Defensa.
El Boeing, modelo B747-3B3, matrícula YV3531, se encuentra retenido desde junio en el aeropuerto internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, mientras se investiga si la tripulación tiene vínculos con posibles actividades terroristas iraníes en el país.
La aeronave fue objeto de una inspección de rutina por parte del FBI, bajo la supervisión de la Policía Federal Argentina.
Palmeiro le había dicho al juez que declararía que «no es aplicable el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal con el gobierno de los Estados Unidos de América».
Según el argumento del abogado, en referencia al argumento legal citado por el juez Villena para autorizar el secuestro de la avioneta, el tratado “es aplicable exclusivamente en procedimientos relacionados con materia penal. Mientras que la pretensión que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende canalizar en procesos es de otro carácter (comercial), cuestión que, además, lo priva de legitimidad activa en estas actuaciones.”
La solicitud, ahora rechazada, se suma a la realizada por otro abogado argentino, Daniel Ramón Trava, que representa a Emtrasur en el expediente y que ya apeló la decisión de embargo del avión a disposición de Washington. Esto bajo el argumento de que “se está produciendo un impuesto irreparable”, según otro documento al que accedió CNN.
Actualmente, la causa judicial sobre el avión se encuentra dividida en dos expedientes a cargo del juez Villena.
La causa original investiga a la tripulación y el destino del vuelo de Emtrasur a Argentina.
Además, hay otro proceso en desarrollo por solicitud de la Justicia de los Estados Unidos.
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