(CNN Español) –– El Salvador cumple este lunes un año desde que se implementó el régimen de emergencia, política lanzada por el gobierno del presidente Nayib Bukele con aprobación de la Asamblea Legislativa, luego de que un estallido de violencia dejara 62 homicidios durante un fin de semana de marzo de 2022. Todo en en medio de supuestas negociaciones, nunca oficializadas ni admitidas por las partes, de una tregua entre el gobierno y las pandillas.

La política severa, que suspende derechos y garantías contempladas en la Constitución, ha recibido el aplauso de algunos sectores de la población. También ha dejado, este año, más de 65.000 personas detenidas, en medio de críticas de organismos de derechos humanos dentro y fuera del país, así como de familiares de los detenidos, por detenciones injustas y presuntas violaciones de derechos humanos.

“Esto ha ayudado a que uno pueda salir libremente con sus hijos, sin ninguna preocupación”, dijo a CNN Alicia Monroy, residente de la colonia La Campanera, un barrio del populoso municipio de Soyapango, a unos 12 kilómetros de San Salvador. .

La Campanera fue el lugar donde el fotoperiodista Christian Poveda grabó el documental «La vida loca», que retrata cómo era la vida dentro de una pandilla. Poveda fue asesinado en 2009 en ese mismo sector, luego de que se hiciera pública su producción. Al menos 11 personas fueron condenadas en 2011 por su participación en el asesinato con penas que oscilan entre los 4 y los 30 años de prisión. Otras tres personas fueron condenadas a 10 años en 2013 por este caso, según informes periodísticos.

Este barrio fue uno de los que las autoridades identificaron como de alta concentración de pandilleros. Ahora está bajo el control de militares que mantienen un cerco que les permite identificar quién entra y quién sale de la zona.

“Sí, el barrio es mucho más tranquilo”, añade Monroy.

A pesar del cambio, no todos se atreven a hablar abiertamente por temor a represalias.

“No sabes lo que puede pasar mañana, los familiares de los pandilleros todavía están aquí”, dijo un hombre a CNN, luego de pedir que no lo filmaran ni lo fotografiaran.

Un recorrido de la CNN por la zona permitió constatar que la presencia de militares se evidencia en recorridos en los diferentes pasajes de la colonia. Se han eliminado los grafitis relacionados con pandillas.

“Las pandillas en general han sido reducidas a una mínima expresión. Y, ante todo, Dios, vamos a llegar al punto en que ya no existan en nuestro país”, dijo el presidente Nayib Bukele, durante un discurso en noviembre pasado.

Se mantiene el régimen de excepción

La Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, ha aprobado 12 prórrogas y su presidente, Ernesto Castro, ha adelantado que, considerando que ha tenido buenos resultados, seguirá con las prórrogas tantas veces como lo solicite el Ejecutivo.

La excepción suspende garantías constitucionales, incluida la libertad de asociación, el derecho a la defensa y amplía la prisión provisional de 72 horas a 15 días. El régimen también permite que las autoridades intervengan en las telecomunicaciones sin necesidad de autorización de un juez.

Las autoridades dicen que la implementación del plan de seguridad, denominado “Control Territorial”, y el régimen de emergencia han permitido reducir las cifras de homicidios.

Según estadísticas oficiales, en 2018, año previo a que Bukele asumiera la Presidencia, El Salvador registró una tasa de 50,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para 2022, esa tasa se ha reducido a 7,8. Para este año, las autoridades proyectan que el promedio se acerque a 2, dijo en entrevista televisiva el ministro de Defensa, René Merino Monroy.

“327 días acumulados sin asesinatos desde que Nayib Bukele fue presidente. Faltan solo 38 días para llegar a un año sin homicidios”, dijo este jueves en un tuit el diputado Christian Guevara, líder de la facción gobernante Nuevas Ideas, partido que tiene una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa.

Críticas por supuestas violaciones a los DD.HH.

Un informe de Amnistía Internacional señaló en junio de 2022 que el régimen de emergencia violó los derechos humanos, por lo que solicitó sin éxito al gobierno del presidente Bukele el cese de esta medida de emergencia.

A estas acusaciones se han sumado organizaciones locales de derechos humanos y otras internacionales, como Human Rights Watch, que consideran que el régimen ha encarcelado arbitrariamente a algunas personas sin vínculos con pandillas.

“Es una injusticia porque se están llevando a mucha gente trabajadora, sin decir una palabra se los están llevando”, dijo a CNN Lilian Laínez, mientras sostenía un cartel frente a la sede de la Defensoría del Pueblo. Derechos Humanos para pedir la liberación de su compañero de vida, detenido el pasado mes de enero.

Al igual que Laínez, muchas familias han denunciado ante organismos de derechos humanos lo que consideran detenciones arbitrarias.

El gobierno dice que desde que entró en vigencia el régimen de emergencia, más de 3.000 personas han sido puestas en libertad por los jueces, ya que no se encontraron pruebas de que hayan participado en algún delito o tengan relación con las pandillas.

“Todos los inocentes saldrán en libertad, pero los culpables irán a la cárcel y tendrán que pagar”, dijo Bukele durante un discurso el 17 de enero.

El gobierno ha indicado que el régimen de emergencia se mantendrá vigente hasta que todos los pandilleros sean detenidos, sin precisar cuántos integrantes de estas estructuras quedarían por arrestar.

Ante el aumento de detenidos, el gobierno de Bukele construyó un penal con capacidad para 40.000 presos, el más grande de América Latina. La Dirección General de Centros Penales ya ha trasladado a este megacárcel unos 4.000 detenidos, la mayoría de los cuales han sido condenados por la Justicia. Defensores de derechos humanos han criticado las condiciones en que se encuentran recluidos, ya que las celdas cuentan con tres columnas de cabinas metálicas en las que los internos deben dormir, sin posibilidad de disponer de colchones, según las autoridades.

Bukele ha acusado a quienes critican su estrategia de seguridad de defender los derechos de los delincuentes sobre los de la población.