(CNN Español) — El Parlamento peruano aprobó este miércoles acusar constitucionalmente a la expresidenta del Consejo de Ministros de Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, así como a los exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huerta y Roberto Sánchez, respectivamente, por la delitos de rebelión y concierto para delinquir, tras el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver inconstitucionalmente el Parlamento el pasado 7 de diciembre. El informe final aprobado será remitido a la Fiscal Nacional, Patricia Benavides.
Chávez, Sánchez y Huerta ya negaron ante el Congreso su participación en el intento de golpe de Pedro Castillo.
Sin embargo, un video de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, difundido el 5 de marzo por el programa “Panorama” de Panamericana Televisión, muestra imágenes de Betssy Chávez acompañando a Pedro Castillo durante la lectura del mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso.
¿Qué es un cargo constitucional?
La acusación constitucional permite que se lleven a cabo dos procesos en el Parlamento: el juicio político, que busca la inhabilitación del funcionario o exfuncionario público, y el juicio preliminar, que es una autorización del Congreso que posibilita, mediante votaciones, ponerlo a disposición. para el publico. Justicia.
¿En qué se basa la acusación constitucional?
La acusación se basa en un recurso de inconstitucionalidad presentado el 12 de diciembre ante el Congreso por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y concierto para delinquir. La denuncia interpuesta por el fiscal incluía a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, ex Ministro del Interior; y Roberto Sánchez, exministro de Comercio y Turismo.
El Ministerio Público investiga la probable responsabilidad de exfuncionarios en el intento de Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso.
Días antes de presentar este recurso de inconstitucionalidad al Congreso, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y concierto para delinquir. El expresidente cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por estos presuntos delitos y, en paralelo, 36 meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno.
Durante las audiencias judiciales se defendieron tanto el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, como el propio expresidente.
“Niego rotunda y categóricamente que yo sea el autor y sea parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como Presidente de la República”, dijo el exmandatario.
.