(CNN Español) — El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009 – 2014) fue condenado este martes a 10 años y 6 meses de prisión y al pago de una multa de más de US$19,2 millones tras ser declarado responsable, junto a otras cuatro personas, del delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como “Negocio Nuevo”, sobre la compra de un grupo editorial que, según el Ministerio Público, fue adquirido con fondos provenientes de contratos con el Estado que se manejaban irregularmente.
En la sentencia, emitida por el Poder Judicial, la jueza Baloísa Marquínez ordena que el expresidente Martinelli pague al Tesoro Nacional de Panamá la multa de US$ 19.221.600,48 como pena accesoria en un plazo de 12 meses.
El expresidente deberá pagar esa cifra una vez cumplida la pena principal, que, según la sentencia, equivale al doble del beneficio económico, que dice haber recibido, y que estaría debidamente cuantificado.
Ricardo Martinelli, quien es candidato presidencial para las próximas elecciones generales en Panamá, a realizarse en mayo de 2024, siempre ha dicho que es inocente y víctima de persecución política.
En mayo, la Fiscalía panameña señaló que en el caso «Negocios Nuevos», que comenzó a investigarse en 2017, pudo identificar que la compra de acciones de Editora Panamá América, que edita diarios y revistas, se hizo «a través de un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, quienes realizaron maniobras de estratificación financiera, a través de múltiples transacciones nacionales e internacionales”, con las que supuestamente recaudaron cerca de US$ 44 millones en 2010 en una cuenta en un banco offshore a nombre de New Business Services Limited.
CNN está tratando de obtener la reacción de Martinelli, pero hasta ahora no ha tenido respuesta. No se han obtenido comentarios de su vocero, Luis Eduardo Camacho, ni de su abogado.
Camacho publicó este martes un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que «abogados y simpatizantes analizarán el exabrupto judicial que pretende hacer de una transacción privada legítima, que no implica daño patrimonial para el Estado, según indicó el Tribunal de Cuentas y la Contraloría, en un delito inexistente. En las próximas horas se hará un pronunciamiento al país sobre las acciones políticas y judiciales a seguir”.
.