(CNN Español) — La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica (FAPTA) acusó al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera del delito de influencia contra la Hacienda Pública por el caso conocido como Bancrédito, entidad estatal que cerró en julio de 2017 tras 99 años de operación. Solís Rivera gobernó Costa Rica de 2014 a 2018.
En un mensaje en su cuenta de TwitterSolís dijo que le sorprende la acusación, pero que la recibe con calma. Agregó que su gobierno siempre actuó con apego a la ley, “buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores de Bancrédito y los derechos de sus trabajadores”.
“Vamos a demostrar que, gracias a nuestro accionar, logramos un cierre ordenado del banco que evitó una afectación total del sistema financiero nacional (…) Como expresidente de la República y ciudadano respetuoso de la institucionalidad y las garantías del estado de derecho, acudiré a los tribunales para demostrar la legalidad de todas nuestras actuaciones, y no tengo ninguna duda de que la justicia prevalecerá sobre cualquier interés”, agregó.
la acusación
La acusación también incluye a cuatro miembros del gabinete de Solís: Helio Fallas Venegas, exvicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Jiménez, ex Viceministra de Egresos y Tesorera Nacional, y Mauricio Arroyo Rivera, en su calidad de Subtesorero Nacional.
El exministro Alfaro Salas se defendió a través de un mensaje difundido por un representante de prensa de ese equipo de gobierno.
“Acepto esta noticia con la tranquilidad de quien sabe que no ha delinquido, y estaremos compareciendo ante los tribunales para hacer la defensa pública correspondiente”, dijo.
CNN está tratando de conocer la reacción de los otros acusados.
Según la acusación de la Fiscalía, los imputados acordaron transferir dinero del Tesoro Nacional a Bancrédito, “sin respaldo técnico y con una posibilidad de devolución bajísima, con la intención de que el banco pareciera tener un índice de liquidez suficiente”.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que, al parecer, la transferencia buscaba evitar que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenara la intervención del banco, debido a los graves problemas de liquidez que enfrentaba y, por tanto, evitar que se dañó la imagen del gobierno de Solís Rivera. Según la Fiscalía, la actuación de los imputados afectó la Hacienda Pública y el interés público.
La Fiscalía informó este jueves que la acusación fue presentada el pasado viernes ante el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública. La oficina de prensa de la entidad le dijo a CNN que el próximo paso es que el Juzgado Penal de Hacienda convoque a las partes y se celebre una audiencia preliminar para definir si el caso irá a juicio.
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