(CNN Español) — Un juez federal con sede en el estado mexicano de Tamaulipas absolvió a José Luis Abarca, exalcalde del municipio de Iguala, de los casos penales de secuestro y delincuencia organizada relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Esta decisión se produce a pocas semanas de los ocho años de la desaparición de los jóvenes.
El juez Samuel Ventura Ramos decidió absolver a Abarca al considerar que no fueron probados los elementos de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, tuiteó este miércoles que la Fiscalía General de México tiene «elementos suficientes para apelar este lamentable acto de impunidad».
CNN está tratando de contactar a la Fiscalía mexicana para confirmar si apelará la decisión del juez federal, pero la institución no ha respondido hasta el momento.
Abarca era alcalde de Iguala, Guerrero, cuando los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en esa ciudad.
Actualmente, el exfuncionario se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Almoloya, en el Estado de México.
CNN ha intentado contactar con la defensa de Abarca para obtener comentarios sobre la absolución, sin recibir respuesta hasta este miércoles.
El 26 de agosto, el subsecretario Encinas informó que el exalcalde también está detenido por el asesinato del activista Arturo Hernández Cardona. Abarca se ha declarado inocente del cargo de asesinato.
Encinas dijo en conferencia de prensa el 18 de agosto que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue «un crimen de Estado» en el que participaron miembros del grupo criminal Guerreros Unidos «y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano».
Según el funcionario, autoridades municipales, estatales y federales “estuvieron al tanto de la movilización de los estudiantes” desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos de Iguala, Guerrero, hasta su desaparición. Las autoridades permitieron la desaparición de las 43 personas —y el asesinato de otras seis personas— con sus acciones, omisiones e incluso su participación en los hechos, dice el informe.
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