(CNN Español) — La reforma electoral de México propuesta en abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca abaratar los costos del sistema político mexicano, pero la iniciativa tiene varios puntos polémicos que los legisladores debaten en el Congreso.
La propuesta busca un ahorro estimado de unos US$1,200 millones (24,000 millones de pesos mexicanos) al proponer ajustes en la burocracia electoral y legislativa, así como una disminución en el presupuesto de los partidos políticos.
A menos de dos años de las elecciones presidenciales de 2024, López Obrador dice que esta iniciativa responde al reclamo ciudadano de una política de austeridad y de crear organismos electorales que garanticen elecciones legítimas, sin posibilidad de fraude.
La iniciativa del presidente propone modificaciones en 18 artículos constitucionales y siete artículos transitorios, entre los que destaca la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo encargado de organizar las elecciones en México, y sustituirlo por el denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INE). INEC).
El nuevo órgano electoral tendría siete concejales en lugar de los 11 que tiene actualmente el INE. Además, propone que sean elegidos por voto popular, al igual que los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Con la creación del INEC también desaparecerían los institutos electorales estatales y el nuevo organismo estaría a cargo de organizar las elecciones federales, estatales y municipales.
Los ajustes a los órganos electorales obedecen, según la iniciativa, a que tanto el INE como el Tribunal Electoral “fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad a favor de la democracia. «
Partidos de oposición discuten puntos controvertidos
La desaparición del INE y la reducción de la burocracia electoral que exige cambios constitucionales son algunos de los puntos que más polémica y disconformidad han causado entre los partidos políticos y grupos opuestos al presidente.
Este martes se instaló una mesa de trabajo integrada por diputados representantes de todos los partidos políticos que se encargará de analizar más de 100 iniciativas sobre reforma electoral, incluida la del presidente.
El bloque opositor Va por México —integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD)— acordó revisar las iniciativas, aunque dijo que no estaba de acuerdo con algunas de las propuestas.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Ángel Espinoza Cházaro, dijo que el andamiaje institucional de México es sólido.
“Requiere mejoras en las leyes secundarias, pero desde nuestro punto de vista no es necesario ahora, de cara a una elección presidencial en 2024, modificar el marco constitucional”, dijo el PRD.
Rubén Moreira, diputado priista, agregó que este partido no anticipa su voto a favor de ninguna reforma.
“No vamos a permitir que se dañe al INE ni al Tribunal Federal Electoral, y eso se entiende en su autonomía, en su certeza, en su transparencia y en todas las condiciones que hacen posible su trabajo”, aseguró Moreira.
El partido Movimiento Ciudadano es el único que hasta el momento ha mostrado su total rechazo a esta iniciativa. Su representante en la mesa de trabajo, Salvador Caro, abandonó la reunión tras señalar que “lo que están haciendo es darle las condiciones al presidente para que meta a su títere. Movimiento Ciudadano quiere informar frente a todos ustedes y frente a los mexicanos que no va a participar en esta farsa”.
La reducción de legisladores y la financiación de los partidos
El presidente mexicano también propone reducir el número de legisladores. En el caso de la Cámara de Senadores, la disminución sería de 128 senadores a 96. En el caso de la Cámara de Diputados, se propone que la cifra pase de 500 a 300.
Al mismo tiempo, desapareció la figura de los legisladores elegidos por representación proporcional o plurinominales, es decir, cargos que se distribuyen en función del porcentaje de votos obtenidos por cada partido político, quedando en las urnas solo aquellos que hicieron campaña y fueron elegidos por la ciudadanía. .
También se propone un ajuste para los congresos locales. La iniciativa propone que haya un mínimo de 15 diputados y un máximo de 45.
En los ayuntamientos habría un límite de hasta nueve regidores en proporción a la población de cada municipio.
Según López Obrador, la población exige elecciones y austeridad en los partidos políticos, por lo que su iniciativa contempla limitar el financiamiento de los institutos políticos “solo para gastos de campaña electoral” y suprimir los más de US$550 millones (11.000 millones de pesos) de las societarias. denominada financiación ordinaria que se les otorga cada año, según establece la iniciativa.
El documento agrega que la eliminación del presupuesto en años no electorales representaría un ahorro de más del 66% del gasto corriente.
El financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos superó los US$277 millones (5.500 millones de pesos) el año pasado.
Morena, el partido que fundó el presidente, recibió más de US$85 millones (1.700 millones de pesos), mientras que el PAN y el PRI recibieron poco más de US$50 millones (1.000 millones de pesos) cada uno.
El presidente también propuso elevar a rango constitucional la garantía del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para votar.
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